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La medios de transporte alternativos, sostenibles y menos contaminantes crecen cada día que pasa en la ciudad, sin embargo, el espacio en la vía pública para todos es limitado. Y como no queda más remedio que compartirlo, el Ayuntamiento se ha propuesto racionalizar el uso de los patinetes eléctricos para lograr un equilibrio entre los distintos actores que la comparten. Es por eso que va a lanzar un nuevo modelo de concesión para las autorizaciones de patinetes (operativos en Madrid desde 2019) que implica una serie de cambios tanto en el número de licencias, y por tanto de cantidad de patinetes con permiso de circulación en la ciudad, y restricciones a su circulación, siguiendo modelos que ya se han implantado en Londres y París.
La principal novedad que introduce es la reducción en un 40% del número máximo de patinetes que pueden desplegarse por la ciudad, pasando de los 10.000 establecidos en las autorizaciones vigentes a los 6.000 (3.600 dentro de la M-30 y 2.400 en el exterior). Y solo podrán pertenecer a tres operadores (ahora mismo son seis las empresas que tienen permiso de circulación en la ciudad, aunque han llegado a ser hasta 18 circulando de manera simultánea).
También habrá cambios en cuanto a su utilización: se limitarán las zonas de circulación por las aceras. "La empresa deberá contar con los desarrollos tecnológicos en sus aplicaciones para obligar a aparcar a los clientes únicamente en las zonas habilitadas para ello en el distrito Centro". Y en el resto de la ciudad, se podrá estacionar fuera de estas zonas "siempre que no exista una plaza para motocicletas, ciclomotores, bicicletas y VMP a menos de 50 metros del punto de estacionamiento". Tampoco se permitirá iniciar o finalizar el trayecto en calles de prioridad peatonal ni en las aceras ni en espacios peatonales contiguos a parques históricos, como puede ser El Retiro.
Antes de que acabe la semana, el Área de Medio Ambiente y Movilidad va a publicar el decreto donde se contemplan todas estas bases y condiciones para la nueva convocatoria. El siguiente paso será adjudicar las concesiones a tres empresas, en el mes de noviembre. Y tras la comunicación a los operadores, tendrán tres meses naturales a contar desde el día siguiente de la notificación para desplegar el 50 % de la flota autorizada, por lo que esta nueva normativa no entraría en vigor hasta febrero marzo de 2023. El resultado será "un servicio mejor adaptado a las necesidades de movilidad de la ciudad: más ordenado, más seguro e integrado en plataformas de transporte".