Global icon-chevron-right España icon-chevron-right Barcelona icon-chevron-right La Generalitat permitirá a particulares alquilar habitaciones a turistas
Turista, Airbnb
Foto: Shutterstock

La Generalitat permitirá a particulares alquilar habitaciones a turistas

El propietario convivirá con los visitantes durante un periodo máximo de 31 días

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El Gobierno de Cataluña ha aprobado este martes el nuevo decreto de turismo, que estaba en proceso de elaboración desde 2015 y que ha sufrido varias críticas por parte de los comunes. La ley permitirá a cualquier persona usar su vivienda con fines turísticos y establece que el propietario deberá convivir con un máximo de cuatro turistas durante un plazo inferior o igual a 31 días.

Además, deberá contar con una cédula de habitabilidad para garantizar que el inmueble cumple con las condiciones básicas para ser habitado. Por su parte, los ayuntamientos tendrán la última palabra. Son éstos quienes decidirán si esta actividad se permitirá o no en sus respectivos municipios. Además, se encargarán de las inspecciones y de establecer las ordenanzas en un plazo inferior a un año.

Las críticas hacia el decreto sostienen que allana el camino a plataformas de hospedaje como Airbnb. La teniente de alcalde de urbanismo de Barcelona, Janet Sanz publicó en Twitter que la Generalitat había aprobado un decreto que regula pisos turísticos con el aplauso de Airbnb: "La Generalitat tarda 5 años para hacer un decreto de turismo que regula pisos turísticos. Lo aprueban en agosto a escondidas y con aplausos de Airbnb. No es el decreto que necesitamos. Barcelona no se quedará de brazos cruzados. Protejamos el derecho a la vivienda."

Por otro lado, el director general de Turismo de la Generalitat, Octavi Bono, apunta que no es una práctica nueva y que hay cerca de 10.000 viviendas en estas condiciones en Barcelona y 14.000 en Cataluña. Bono añade que se debe regular para que la actividad tribute y los agentes locales tengan el control de la actividad. De esta manera, una parte del decreto se dedica a la prevención del fraude y a que haya un control de la actividad. 

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