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Barcelona dice basta a los locales de juegos de azar. El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que suspende las licencias de este tipo de establecimientos a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, que ha anulado parcialmente el Plan Especial Urbanístico que el consistorio aprobó en 2021.
Este plan limitaba las zonas donde se podían instalar este tipo de locales, y ahora el Tribunal Supremo ha anulado los artículos que prohibían los establecimientos de juego a menos de 800 metros de centros educativos y a menos de 450 de espacios como centros sanitarios o equipamientos para jóvenes.
Con esta reforma del plan, el Ayuntamiento asegura que “comparte los objetivos del conjunto de las restricciones del Plan Especial que ahora han sido anuladas” y avanza que introducirá las “enmiendas necesarias” para que pueda ponerse en marcha con total legalidad.
El Tribunal Supremo determina que, aunque el Ayuntamiento tiene plena legitimidad para regular urbanísticamente las condiciones para abrir establecimientos de juego, estas regulaciones deben estar justificadas, ser proporcionadas y respetar los principios de libre mercado y libertad de establecimiento, así como la normativa sectorial autonómica vigente.
El consistorio iniciará, por tanto, la redacción de un nuevo planeamiento urbanístico “que ofrezca plenas garantías jurídicas a los objetivos de la ciudad para luchar contra la adicción al juego”, con especial atención a los niños y a los colectivos vulnerables.
Mientras se redacta esta nueva regulación y hasta que no haya finalizado y se haya aprobado, el gobierno municipal ha adelantado que suspenderá temporalmente la concesión de licencias para abrir locales destinados a los juegos de azar.
¿A quién afecta y cuándo se implementa la medida?
Esta medida afecta a las salas de juego, salas de bingo y casinos, en toda la ciudad de Barcelona. En cuanto al período de implantación, la suspensión de licencias se ha publicado hoy viernes por la mañana en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) y tiene efecto inmediato, con una vigencia de un año. Además, la suspensión es prorrogable hasta un año más mientras se tramita la aprobación definitiva del nuevo Plan Especial.