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El consumo de tabaco en España ha alcanzado mínimos históricos, registrando una caída de hasta 8 puntos porcentuales en fumadores diarios en la última década. Pese a este claro descenso general, que sitúa al país en torno al 20-23 % de fumadores adultos, el Gobierno prosigue con el cerco al tabaco que empezó en 2022: está previsto que el próximo martes se apruebe en Consejo de Ministros una ley que amplía la lista de entornos exteriores en los que no se podrá fumar: terrazas de bares y restaurantes, lugares donde se realicen espectáculos públicos, instalaciones deportivas, parques infantiles o estaciones de transporte, entre otros.
La ley, que después tendrá que ser aprobada en el Congreso de Diputados para que entre en vigor, también prohibirá el consumo de tabaco en menores –hoy por hoy está prohibida la venta o entrega–, y toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco en cualquier medio de comunicación, incluido el ámbito digital.
Aparte del tabaco convencional, las medidas del anteproyecto de ley también se aplican a cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina para uso oral, productos a base de hierbas y dispositivos para el consumo de productos calentados. El anteproyecto también prohíbe la venta y suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso, tanto por el impacto ambiental como por su accesibilidad entre los jóvenes.
La medida levantó críticas instantáneas en la hostelería. El director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha pedido a PP, Vox, Junts y PSOE frenar una ley que considera "desproporcionada". Por su parte, el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha afirmado que "el tabaco en las terrazas no es un problema para la sociedad", tildando la propuesta de "cortina de humo" de la ministra Mónica García para ganar notoriedad.